Cambios institucionales en la Universidad de los Llanos

Los cambios en el mundo y las tendencias en la Educación Superior obligan a la Universidad de los Llanos a replantear su quehacer institucional con el fin de articularse y responder a una demanda social, que cada vez más enfatiza en la utilidad del conocimiento y en su pertinencia para solucionar los problemas de la sociedad.

El fenómeno de la globalización significa un reto para la Universidad pública. De una parte resulta ser una amenaza frente a la presión por privatizar la educación superior y por otro lado, puede ser motivo para buscar alianzas con otras universidades pares y ante todo fortalecer su capacidad para impactar positivamente la vida de las comunidades ubicadas dentro de su orbita académica. No de otra forma será fácil conseguir el respaldo social para continuar ejerciendo su papel social en la generación de equidades, solución de brechas y disparidades.

Los avatares políticos del mundo y Latinoamérica requieren de la presencia reflexiva, crítica y propositiva de la Universidad Colombiana. La sociedad requiere de una valoración continua de los procesos y modelos económicos aplicados y especialmente sobre los efectos y consecuencias directas en la vida nacional y regional. La búsqueda de opciones justas y planteamientos que rescatan una nueva ética social basada en la capacidad de respuesta ante las dificultades, son hoy por hoy responsabilidad de la universidad pública.

Los cambios tecnológicos no pueden ser factor de dificultad sino una oportunidad para afianzar sus funciones misionales. La Universidad requiere armonizarse con el mundo en su dinámica compleja sin abandonar sus convicciones sociales. La tecnología puede facilitar la ampliación de cobertura en la región de la Orinoquia y poder permear los procesos económicos y sociales de cada departamento de la región. La utilización de las tecnologías informáticas y de la comunicación permite nuevos escenarios pedagógicos que además de universalizar el conocimiento otorgan una mayor eficiencia y oportunidad en la utilización de recursos.

La Universidad de los Llanos presenta una deuda institucional frente a las enormes dificultades regionales que plantean nuevos escenarios generadores de conocimiento y desarrollo de alternativas frente a los cambios jalonados por el mercado internacional. Más que buscar mercados educativos foráneos, la Universidad de los llanos debe mirar hacia su contexto inmediato y ofrecer oportunidades basadas en la aplicación nuevas tecnologías, apropiación y generación de alternativas productivas con la utilización del capital regional[1] dentro de una propuesta de desarrollo endógeno. Esto demanda de un compromiso especial en materia de investigación y proyección social. La Universidad investigativa surge como modelo ante las tensiones y retos institucionales[2]. La idea no es aislarse del mundo sino aprovechar los cambios positivos para reforzar la identidad como universidad pública y utilizar los medios que ofrecen la ciencia y las nuevas tecnologías para cumplir a cabalidad con las funciones misionales en la responsabilidad de formar integralmente al recurso humano regional.

La responsabilidad social plantea la necesidad de hacer un buen uso de los recursos institucionales. La búsqueda de la eficiencia y eficacia institucional no aparece como un determinante del modelo exógeno sino como un mecanismo que permite afianzar su papel en el contexto. La respuesta a la velocidad de los cambios requiere replantear los procesos y procedimientos para hacerlos más ágiles y flexibles. Esto compromete tanto lo académico como lo administrativo y encamina a la universidad en la concreción del aseguramiento de la calidad, no como una imposición gubernamental sino como un proceso de autoevaluación dentro del marco de su responsabilidad social. De esta manera, la calidad se constituye en una condición irrenunciable frente a los procesos de simplificación y flexibilización del ambiente académico. La fortaleza de la universidad está en la pertinencia de su acción institucional respecto a los problemas regionales. En este cometido es difícil que su papel pueda ser desplazado y debe ser un aliciente más para continuar mejorando.

Los cambios en los aspectos administrativos son pertinentes. El área de soporte debe brindar oportunamente y eficientemente los medios necesarios para el cumplimiento misional. La universidad debe ser austera pero atender oportuna y suficientemente los requerimientos para desarrollar una buena labor académica. La utilización eficiente de los recursos permitirá liberar recursos importantes para asignar a las áreas de inversión más afectadas y encaminar una estrategia de preparación y mejoramiento continuo del factor humano como pilar para el desarrollo institucional.

La universidad debe conseguir un mayor apoyo del sector privado y de los entes territoriales de la región. Su estrategia para la búsqueda de nuevas fuentes no está en la afectación de las matrículas o en la necesidad de apoyo incondicional sin apuntar a alianzas estratégicas. La universidad se presenta como un actor fundamental, un socio que brinda herramientas tangibles e intangibles para el desarrollo humano. Desde este punto de vista jalona el interés del sector productivo, de las entidades públicas y privadas para atender los cambios presentes y futuros de la estructura productiva y del mercado laboral. La respuesta académica debe elaborarse con referencia en el contexto. Esto obliga a plantear cambios institucionales con el fin de facilitar la interacción institucional y generar nuevas fuentes de ingresos, sin necesidad de entrar en una condición de mercantilismo burdo.

La región ha sido reconocida por su potencial, sin embargo este potencial permanece estático. La responsabilidad de los actores regionales es transformar los recursos regionales en factores dinámicos para promover una mayor productividad y jalonar una competitividad que sea sostenible y soberana. La universidad debe abordar la gama de etnias aborígenes y revalorizar el conocimiento tradicional, responder al potencial hídrico y energético; generar propuestas que regulen el poblamiento actual, atender el tema de la frontera oriental, ofrecer alternativas productivas y abrir las puertas para el aprovechamiento de la biodiversidad de una manera sostenible y responsable. Igualmente debe prestar atención a los cambios de la estructura productiva con el fin de reorganizar su quehacer académico para fortalecer los sectores dinámicos actuales. Los sectores comercio, servicios, el sector agropecuario y el sector energético requieren del desarrollo académico por parte de la Universidad pública, con miras a facilitar procesos de modernización o reconversión productiva y propiciar la búsqueda de nuevos mercados.

Además del profundizar su papel meramente científico, la universidad aspira avanzar en el fortalecimiento de las artes y humanidades. La cultura orinoquence es diversa y presenta una riqueza incalculable como patrimonio que soporta la identidad regional y genera procesos de autorreferenciación frente a la tendencia homogenizante de la globalización. La Universidad debe promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedad orinoquence, fomentar y desarrollar la investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas.

Las dinámicas económicas y sociales de la región, así como la situación de conflicto, problemas de marginalización social y disparidades entre lo rural y urbano no deben ser ajenas al papel de la universidad. La Unillanos debe participar en un pacto social colectivo que aterrice la reflexión sobre las causas de la problemática social y económica. Esto significa materializar su visión y misión en el PEI y llevar al PDI al campo de las realizaciones.
[1] Hace alusión al fortalecimiento del capital social, capital humano y físico requerido en una estrategia de desarrollo regional con recursos endógenos.
[2] Modelo propuesto desde el PEI y formalizado dentro del PDI 2005-2020 en el modelo de universidad investigativa.

Contexto de la Universidad y la Educación Superior

El siglo XX cambio el ritmo de la historia para la humanidad. Sin duda fue un siglo en el que los hechos fundamentales sucedieron a una velocidad asombrosa. Desde la existencia humana es el siglo de mayor adelanto científico y tecnológico, también el de mayores tensiones y confrontaciones. La Educación Superior en su teorización y práctica sufrió importantes cambios. Los cambios políticos, económicos, culturales, tecnológicos influenciaron de manera notable y seguirán influenciando los esquemas de la Educación Superior en el mundo. Colombia, como país latinoamericano se vio igualmente afectado por las diferentes tendencias presentadas.

Los hechos claves tienen que ver con el nacimiento, coexistencia conflictiva y predominancia final de una ideología en el planeta. El mundo cambio esencialmente de un mundo multipolar a uno monopolar en donde la ideología predominante se enmarca en la orbita del capitalismo como sistema económico. Las grandes empresas mundiales han llegado a un límite de crecimiento por la existencia de barreras políticas y geográficas. Estas barreras han ido cayendo al promulgarse las ideas liberales en una nueva economía globalizada, en donde lo público cada vez pierde más espacio respecto al sector privado.

Los adelantos científicos y tecnológicos cambiaron drásticamente el modo de vida de las personas, el auge de la informática y la microelectrónica evolucionó la forma de comunicarnos y de organizar y utilizar la información. La medicina y las ciencias biológicas mantienen un avance significativo de amplio impacto en la salud y la esperanza de vida de las personas, así mismo para descubrir formas de intervención y creación de vida para fines médicos o productivos, a partir de la manipulación genética. La aparición de nuevos materiales y la química fina, abren el espacio a nuevos avances en todos los niveles.

La ciencia permitió al hombre conquistar el espacio y experimentar nuevas formas de transporte. El progreso del hombre ha demandado cada vez más el uso de energía. El siglo XX se caracterizó por la importancia de los hidrocarburos y la energía nuclear. Hoy con gran potencial se prevé una crisis de abastecimiento que necesariamente empuja hacia la investigación de nuevas formas de energía.

La gran rapidez de los cambios produjo a su vez cambios en los procesos y procedimientos organizacionales. El conocimiento y la información como bienes inmateriales han ido adquiriendo mucho más importancia que los bienes físicos, principalmente industriales. Las comunicaciones llevan al hombre a una masificación de los medios de información y la tendencia a globalizar los procesos humanos. La cultura adquiere un potencial importante para descubrir nuevos espacios competitivos y mantener la identidad frente a la masificación informacional.

Las empresas y las organizaciones actúan en un mundo cada vez más competitivo, por lo que presiona profundos cambios en los factores de producción y en principalmente en los métodos y estructuras de administración. Se ensayan nuevas formas administrativas en donde prevalece la desconcentración y la descentralización, la optimización del tiempo y los recursos, la búsqueda incesante de la eficiencia y la eficacia, mayor movilidad y flexibilidad para adaptarse a la velocidad de los cambios.

La situación actual del mundo se caracteriza especialmente por los altos precios del petróleo y materias primas, generados por el crecimiento de la demanda de parte de economías emergentes como la China y la inestabilidad política generada por conflictos crecientes en el medio oriente, agravados luego de la guerra contra el terrorismo que afrontan las potencias de occidente, especialmente EEUU y Reino Unido. De alguna manera el proceso de globalización, el cual estaba en rápida expansión ha tenido un corto receso, sobretodo en las negociaciones entre las grandes economías. No obstante las regiones y países del mundo avanzan en la liberalización y concreción de acuerdos bilaterales de libre comercio. La búsqueda de energías alternativas, la escasez de agua dulce, la superación de la pobreza y la conservación del equilibrio ecológico se constituyen en los grandes problemas para la humanidad del siglo XXI.

Cambios en Universidad y tendencias en la Educación Superior

Las fuerzas que dinamizan actualmente los cambios en todas las universidades del mundo, tienen que ver con el proceso de internacionalización, la mundialización de los procesos humanos, la revolución comunicacional y tecnológica y la revolución que anticipa la nueva sociedad del conocimiento. De otra parte, la demanda en educación superior es asombrosa. El sector de educación, y en particular la educación superior, experimenta un crecimiento significativo en el mundo entero. De acuerdo con la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, OCED, se estima que hay alrededor de 97 millones de estudiantes, de los cuales 7,2 millones cursan sus estudios en un país distinto al de origen, y que en el 2003 el sector empleó 50 millones de personas y en él se invirtieron 41 billones de dólares. No obstante la preocupación radica en el acceso de la educación por parte de la población de bajos ingresos. La población pobre del mundo supera el 60% del total del planeta.

Este rápido ascenso ha sido definitivo en el desarrollo de países como los del sureste asiático, China, Corea, Chile, Australia e Irlanda, donde la cobertura y la calidad de la educación han progresado de manera notable en los últimos años. Las sociedades contemporáneas se enfrentan al reto de proyectarse y adaptarse a un proceso de cambio que viene avanzando muy rápidamente hacia la construcción de sociedades del conocimiento. Este proceso es dinamizado esencialmente por el desarrollo de nuevas tendencias en la generación difusión y utilización del conocimiento, y está demandando la revisión y adecuación de muchas de las empresas y organizaciones sociales y la creación de otras nuevas con capacidad para asumir y orientar el cambio. Una sociedad del conocimiento es una sociedad con capacidad para generar, apropiar, y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio beneficio.

La matricula en educación superior en América Latina ha crecido de manera significativa, pero también se evidencia una mayor desigualdad en el acceso. Esta situación se constituye en un reto para la Universidad pública y le obliga a plantear profundas modificaciones estructurales y cambios en los métodos de enseñanza. También es notable la tendencia sobre una mayor sensibilidad social frente al papel de la Universidad Pública, el recorte progresivo del gasto público asignado y agudización de los cambios en el mercado laboral. Esto lleva a las universidades a tener una mayor pertinencia social, diversificar su accionar, buscar nuevas fuentes de recursos y realizar cambios en sus procesos y estructuras internas con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos de la sociedad[1].

En solo en América del Sur había 164 instituciones en 1960, de las que el 31 por ciento eran privadas. En el período de 2000-2003, la cifra se elevó hasta 7.514, de las que el 65 por ciento eran privadas, cifra que aumentó un 50 por ciento en una década. El tipo de instituciones también se ha diversificado, hasta tal punto que cada vez resulta más complejo diferenciar entre las instituciones públicas y privadas, dado que las instituciones públicas de un país llevan a cabo operaciones privadas en otros países, y eso sólo para ilustrar el argumento con un ejemplo sencillo. Los avances que se han producido en las últimas décadas, descritos con anterioridad, han provocado una preocupación generalizada en todos los ámbitos por cómo las sociedades pueden garantizar la calidad de la educación superior y han sentando las bases para llevar a cabo importantes reformas políticas en materia de educación superior cuyo objetivo es mejorar la calidad, dando un papel destacado a la acreditación. La calidad es una condición irrenunciable para la educación pública y privada, no obstante la tendencia es que sea el mercado quien oriente la diversificación de la educación superior. El papel del Estado como regulador de los procesos de cambio radica en la garantía del acceso a los sectores más vulnerables, la disminución de las disparidades y la búsqueda y mantenimiento de la calidad.

El mundo avanza hacia el establecimiento de estándares mundiales que permitirán en el corto plazo la libre movilidad de programas y personas entre las diferentes universidades del mundo. Las nuevas tecnologías en informática y comunicaciones modifican el ambiente para la docencia y la investigación, haciendo que las clases magistrales y los libros sean menos importantes frente a la consulta de las redes de información en Internet.

Estos cambios tecnológicos impulsan la frontera del conocimiento y un mayor pragmatismo en los procesos investigativos. La investigación básica es optimizada mediante la transferencia de tecnología y se hace más énfasis en la investigación aplicada.

Es notable la ampliación del mercado de la Educación Superior y la aparición de sensibles deficiencias por manejo de información y la exacerbación de las asimetrías entre las universidades del mundo. La Universidad de Chile es la única universidad latinoamericana que clasificó entre el listado de las 300 mejores universidades del mundo. Las mejores universidades se ubican en los países desarrollados. Los campos virtuales, con la aplicación de las nuevas tecnologías permiten ampliar la cobertura, pero la calidad de esta educación depende de la eficiencia de los cambios culturales y la necesidad de promover unos nuevos perfiles de estudiante y profesor universitario que se ajuste a los cambios tecnológicos actuales.

La competitividad del mercado de la educación superior y la velocidad de los cambios actuales son el estímulo para buscar una mayor eficiencia y pertinencia de la educación superior. La tendencia es al acortamiento del ciclo educativo, entrelazando la educación básica secundaria con la profesional e incluyendo mayor nivel de especialización en la formación, con el fin de responder a las necesidades inmediatas del entorno. Esto obliga a una mayor flexibilización curricular y en una mayor formación transversal que haga énfasis en los procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios. La educación toma el matiz de la educación de toda una vida y adquiere un carácter más universal y tolerante entre las diferentes disciplinas.
Las carreras se dimensionan en función de las competencias necesarias para el desarrollo económico y social. La internacionalización de las universidades hace necesaria la implantación de sistemas de equivalencia de créditos y la búsqueda de una mayor fluidez curricular, en el cual el estudiante selecciona su nivel de profundización. Se hace énfasis en la educación a la medida de las necesidades del sector productivo nacional, regional o local, con miras a reforzar la globalización de los mercados de bienes y servicios.

Los métodos de enseñanzas cambian con la utilización de nuevas tecnologías que privilegian el uso de las comunicaciones y ambientes de simulación que permiten una educación a distancia y con una disminución ostensible de los costos. Las universidades se orientan a procesos inmediatos de investigación pertinente que nutre directamente la docencia y la formación del capital humano.

La educación superior se ha visto sujeta a diferentes oleadas de innovación y reformas en todo el mundo. Las últimas décadas han sido testigos de cambios sin precedentes en la legislación en todos los ámbitos, no sólo en materia de educación superior. El papel del Estado se ha reducido, mientras que el del mercado ha crecido en importancia. Algunos creen que el menor papel del Estado repercute de forma negativa en la calidad de la educación superior y en el compromiso social de las universidades. Otros consideran que la creciente importancia del Mercado es una excelente oportunidad para aumentar la oferta y diversificar las opciones a fin de mejorar el compromiso social a través del refuerzo de la responsabilidad[2].

De otra parte es de considerar los cambios que conlleva las políticas gubernamentales para la liberalización de mercados. Considerada como un servicio, la educación se clasifica, según la Organización Mundial del Comercio, OMC, en cuatro niveles: primaria, secundaria, superior y para adultos (donde está todo lo relacionado con educación continua y no formal). Las dos últimas con frecuencia se agrupan en lo que se llama la educación terciaria o possecundaria. Adicionalmente, la OMC, bajo el Acuerdo General en Comercialización de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), establece también cuatro modos de prestación de servicio: transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial y transferencia de personas, los cuales han sido adoptados en los diferentes Tratados de Libre Comercio.
Según IESALC[3] La universidad latinoamericana y caribeña parece estar ausente del conflicto entre dar respuesta a las necesidades de competitividad que la globalización nos plantea, y atender simultáneamente las urgentes necesidades de la exclusión social, económica, política y el deterioro ambiental. La universidad latinoamericana y caribeña parece continuar atrapada en una estructura organizacional y una concepción/práctica de la docencia y del trabajo investigativo que se corresponde con las visiones funcionalista-vertical, cientificista e individualista. El ejercicio despótico del poder, la rigidez de la pedagogía de la domesticación y el aislamiento social se contraponen a las crecientes exigencias de democratización, flexibilidad, viabilidad, eficiencia, pedagogía del discernimiento y pertinencia social.

[1] La conferencia mundial de la Educación Superior establece una nueva misión y visión en pro de una mayor equidad social frente a la brecha existente en el mundo actual. Paris, Francia, octubre de 1998.
[2] Tres Joaquin. Director Ejecutivo de la GUNI. Conferencia de la GUNI (The Global University Network for Innovation), Barcelona 2005.
[3] Instituto Internacional para la Educación Superior e América Latina y el Caribe. Procesos de reforma de la Educación Superior en América Latina. Capitulo 7. Informe sobre la Educación Superior en América Larina y el Caribe. UNESCO-IESALC, 2005.

La Educación Superior en Colombia

La Educación Superior en Colombia ha estado sujeta a los ciclos históricos que han enmarcado la política pública. Finalmente se ha llegado a un sofocante y arraigado marco regulatorio que ha obedecido a los diseños institucionales promovidos desde el Estado. El profesor Edgar Varela hace una reflexión sobre las políticas en Educación Superior en Colombia y como se han desarrollado como resultado de las tendencias internacionales que afectan las decisiones de gobierno:[1]

Un primer ciclo arranca en la República Liberal en los años 30 y culmina hacia finales de la década de los 70, corresponde a un intervencionismo de Estado en el proceso de provisión de los servicios educativos universitarios, con un fuerte énfasis en el fortalecimiento de las instituciones estatales universitarias, tanto regionales como del orden nacional. Un segundo ciclo arranca a finales de la década de los 70 y se consolida en los últimos dos decenios, liderando la liberalización del mercado de educación superior, propulsando una vertiginosa expansión de la matrícula universitaria privada, y la introducción de criterios de competitividad en la educación como un servicio público. Así, factores como la rentabilidad, la competencia regulada, la maximización de los recursos asignados, constituyen los ejes estructurantes de la política, de manera concomitante a procesos de liberalización, apertura y transformación de las funciones del aparato público-estatal, en relación con la provisión de los más importantes bienes públicos y sociales.

A partir de los años 50 hasta los 80 se desarrolla un proceso de expansión del servicio educativo nacional. La teoría de la modernización aplicada promovía alcanzar los niveles de desarrollo económico y social llevando inversiones del Estado en infraestructura, educación y a intervenir los procesos económicos a través de entidades oficiales que regulaban y estimulaban la productividad y la generación de valor agregado en todo el territorio nacional. Se realizaron cuantiosas inversiones gracias a los créditos externos soportados técnicamente según los conceptos de misiones foráneas, tal es el caso de la misión Lebrel entre los 50 y 60 y la misión dirigida por Lauchin Curie en 1971.

Las políticas públicas latinoamericanas contaron con el soporte conceptual de la CEPAL en su modelo de desarrollo mediante la sustitución de importaciones correspondiente con la “teoría de la dependencia”[2]. En los años 60 prevaleció el Estado intervencionista y asistencialista. Las entidades del Estado se multiplicaron, las inversiones públicas se dirigieron a mejorar las condiciones para el desarrollo de la industria y favorecer la modernización en todos los aspectos. Crecieron los sectores industriales ayudados por el Gobierno y se configuró el espacio colombiano, orientando los procesos industriales en el centro de las montañas, privilegiando el transporte terrestre, centralizando las actividades del país en las principales capitales, lo que facilitó las disparidades regionales y consolidación desigual del modelo.

Simultáneamente las regiones se especializaron como resultado de la política pública y de las posibilidades de establecimiento de actividades productivas. La actividad agrícola se da en función del conocimiento precario del productor y no en razón a una estrategia basada en la vocación de la tierra. Las pequeñas ciudades se hicieron grandes y tuvieron dificultades para asimilar los cambios de la modernización. Las coberturas en educación crecieron de manera rápida. Sin embargo, pese a las estrategias nacionales no llegan a las mismas velocidades y presentan dificultades de acceso en regiones apartadas.

A partir de la década de los 50 hasta los años 60 la matricula universitaria creció como resultado de la creación de nuevas Universidades y la descentralización de la Universidad Nacional en las sedes Medellín, Manizales y Palmira. Las tendencias de la modernización implicaron la transición de una sociedad rural a una urbana. En los años 70 se crearon las universidades regionales en la modalidad de “tecnológicas”, similares al modelo de educación politécnica de origen francés. El énfasis se daba en las ciencias de la salud, la educación y las ingenierías. Se exportaron currículos y se ofrecieron grandes estímulos para la preparación de profesores en maestrías y doctorados en EEUU. Estas inversiones se realizaron gracias a la entrada de grandes capitales y crédito externo, oportunidades enmarcadas en planes como la “Alianza para el progreso” en la búsqueda de acuerdos para la estabilidad y alineación geopolítica en la época de la “guerra fría”.
A comienzos de los años 70, el país vivió una serie de movimientos de carácter social que eran promovidos desde las universidades. Tanto en Colombia como en América Latina surgieron movimientos de izquierda y de extrema izquierda que pusieron en algunos casos, a las universidades en plena confrontación con los gobiernos de la época. Esto influyó en la disminución en el apoyo a la universidad pública y el alejamiento de las élites empresariales respecto a la universidad pública. El sector productivo nacional empezó a propugnar la creación de universidades privadas.

En la década de los 80 viene un cambio en la política pública colombiana como resultado de auge de las nuevas tesis liberales que promovían un papel menos importante al Estado como regulador y la preponderancia del libre mercado como generador de crecimiento económico con una participación más activa del sector privado. En este período, la matrícula privada empezó a crecer hasta igualar la matrícula en universidades públicas. Se creación incentivos para una mayor flexibilidad y crecimiento de la cobertura (decreto 8 de 1980). Finalmente, la Constitución de 1991 consagró la autonomía universitaria y reguló la competencia entre universidades públicas y privadas, aparecieron los conceptos de acreditación de calidad, competitividad y flexibilidad. Colombia adoptó un marco regulatorio que intentó modernizar el servicio educativo, hacerlo más eficiente y acorde con las tendencias mundiales. La crisis económica a finales de los años 90 perjudicó la inversión en Educación Superior, no obstante el país siguió creciendo en cobertura. Como fuente de financiación adquirió importancia el crédito educativo como instrumento para aumentar el número de cupos, sin que resulte suficiente frente al déficit existente.

La reforma en Colombia estableció un nuevo rol del Estado en la fiscalización y control de la educación superior, que ha continuado reforzando el rol regulador del Estado y que derivó en la creación del Viceministerio de Educación Superior. La política general fue establecer políticas de calidad que se han traducido tanto en la creación de estándares básicos obligatorios, como en el establecimiento de exámenes de Estado, el desarrollo de un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el establecimiento de la creditización de los currículos; y la creación de un sistema de indicadores de gestión de las universidades públicas, estableciendo criterios de distribución de una parte de los recursos para las Universidades privadas. Se ha continuado la expansión del sector privado y una orientación del sector público terciario hacia su estructuración como centros de investigación y de postgrados de alta calidad[3].

La política “Revolución Educativa” del gobierno Uribe desarrolló tres estrategias básicas: La primera estrategia privilegia el aumento de cobertura mediante la creación de los Centros Comunitarios de Educación Superior, en los cuales se hace énfasis en educación a distancia, presencia en zonas alejadas del territorio nacionales con la utilización de nuevas tecnologías y el fortalecimiento del crédito mediante el ICETEX. La segunda estrategia se basó en el mejoramiento de la calidad con la reglamentación y aplicación de los procesos de acreditación, la autoevaluación y la realización de evaluación de resultados mediante los ECAES. Este proceso adopta las tendencias mundiales en cuanto a la educación por competencias, el acortamiento del ciclo educativo, las equivalencias en créditos, el diseño de sistemas de indicadores para evaluación del desempeño según las metas propuestas. La tercera estrategia busca la mayor eficiencia y pertinencia del sector, con la implementación del observatorio laboral y la implementación de políticas para la disminución de la deserción. En cuanto a la financiación de la Educación Superior, existe la tendencia a optimizar los recursos transferidos a las universidades públicas sin aumentarlos en términos constantes. El esquema busca organizar y optimizar el sistema educativo orientando la demanda, con el aumento del crédito educativo y la disminución de los costos mediante la reorganización de recursos físicos, técnicos y humanos.
Estas políticas han significado un reto para las universidades públicas, que han tenido que hacer un esfuerzo para buscar nuevos recursos, aumentar la cobertura y mantener los estándares de calidad requeridos. El ajuste de las universidades públicas con las nuevas tendencias mundiales requiere de nuevos recursos, especialmente en la importancia de la ciencia y tecnología en los procesos para el aumento de la productividad y competitividad del sector empresarial. La responsabilidad social en el acceso a la educación de los sectores de población de bajos recursos es una determinante institucional para la universidad pública, así como su papel como ente garante ético de la cultura autóctona y las conquistas sociales de la humanidad. La Universidad es un ente llamado al pensamiento crítico y constructivo, al análisis profundo de la situación del país, a ser artífice y partícipe de las soluciones a los problemas regionales y nacionales

Aun cuando la oferta de programas de educación superior cubre en la actualidad los 32 departamentos del país, persisten los casos de concentración de la matrícula: mientras en Bogotá la cobertura supera tasas brutas del 50%, en otras diez entidades territoriales no pasa del 10% del total de la población en edad de cursar estos estudios. El 74.1% de los estudiantes matriculados en los diferentes programas académicos de pregrado y postgrado en el país se concentra en cinco entidades territoriales: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. El mayor número de estudiantes matriculados entre el 2001 y el 2005 lo registra la capital del país, que agrupa más del 33% de la matrícula nacional[4].

El comercio internacional de servicios de enseñanza ha experimentado un auge significativo. Según cifras del Ministerio de Educación, en 2002 estos servicios representaron en el ámbito mundial 38 billones de dólares y emplearon 50 millones de personas, calculándose que para el 2025, se contará con 263 millones de estudiantes de educación superior. Las prioridades del país respecto al Tratado de Libre Comercio con EEUU están encaminadas hacia los siguientes temas: aseguramiento de calidad, educación virtual y a distancia, homologación de estudios y convalidación de títulos, régimen de visas y promoción de exportación de servicios educativos. Según el gobierno, deberá fortalecerse a los programas de pregrado y postgrado a través de la regulación, con el fin de hacer frente a la competencia que en materia de educación tendrá que enfrentar el país. Lo que resulta claro es que para integrarse al curso de la revolución del conocimiento, Colombia necesita institucionalizar la investigación como práctica social, promover tanto la formación técnica y tecnológica como la formación de maestrías y doctorados para afrontar los desafíos que involucran el panorama económico mundial y los acuerdos de libre comercio.

Según Colfuturo, dentro del tema de la educación superior, el TLC plantea un intercambio en el sector de las instituciones académicas, que permite a las universidades y otras instituciones de Estados Unidos entrar al sistema de educación colombiana, permitiéndoseles establecer sedes presenciales en el país, así como ofrecer programas a distancia, virtuales e intercambios de estudiantes. Suena como una gran oportunidad para el desarrollo de los profesionales colombianos, en áreas que antes no podían ser desarrolladas por los bajos presupuestos de la educación estatal o los apretados presupuestos de los organismos privados, sin embargo, hay que detenerse en ciertos puntos que pueden marcar una diferencia. Un asunto en discusión es el hecho de que el tratado no contempla temas migratorios, por lo que las oportunidades de estudios en el exterior seguirán permeadas por la difícil consecución de visas para los Estados Unidos y las deficiencias en el dominio de una segunda lengua. Hay quienes piensan que la presión de la competencia extranjera estimularía el mejoramiento de la academia nacional y terminaría con el problema de las universidades de garaje. Así mismo, los opositores piensan que un modelo neoliberalizado para la educación en Colombia desmontaría la autonomía académica y la libertad de cátedra, además de orientar los contenidos temáticos de las universidades hacia necesidades no de orden nacional sino extranjero; por el contrario, quienes ven en el tratado una oportunidad de integración global importante piensan que el ingreso de conocimientos de primer nivel haría de los graduados colombianos profesionales con competitividad a nivel internacional y también fomentaría la investigación en campos aún no desarrollados en el país.

[1] Varela Barrios, Edgar. Modernización del Estado y políticas públicas Universitarias en Colombia. Universidad del Valle.2003.

[2] Se llama “teoría de la dependencia” a un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico. Sugirieron e los años sesenta impulsadas por el economista argentino Raúl Prebish. Inicialmente se dirigieron al entorno latinoamericano aunque posteriormente fueron generalizadas por economistas neo-marxistas entre los que destacó Samir Amin, asociándolo al concepto de desarrollo desigual y combinado.
[3] IESALC-UNESCO. Informe de la Educación Superior de América Latina y el Caribe.2005.
[4] Observatorio Laboral. Graduados de Colombia. Ministerio de Educación Nacional.2005.

La Universidad de los Llanos y la Región

La Universidad de los Llanos tiene como área de influencia la Orinoquia Colombiana. Su función como universidad desde su creación está ligada a los problemas de la esta región colombiana y la búsqueda de soluciones que promuevan el desarrollo económico y social.
La orinoquia colombiana presenta una forma de paralelogramo asimétrico, así: el lado occidental lo flanquea la parte más alta de la Cordillera Oriental; el lado oriental llega hasta el cauce de los ríos Orinoco y Atapabo; el lado superior lo demarcan los ríos Arauca y Meta; y el lado sur, los ríos Guaviare e Inírida. El término Orinoquia tiene dos connotaciones. Si se refiere a la hoya hidrográfica, su extensión es mayor porque involucra todas las aguas que confluyen al Orinoco, incluidas las que nacen en la parte mas alta de la Cordillera Oriental y las que llegan al río Guaviare por la banda derecha. Si se toma como región natural, la extensión solo se circunscribe a las sierras planas, comúnmente llamadas Llanos Orientales[1].

Las tendencias mundiales privilegian el escenario regional como el pertinente para ejecutar las estrategias y articulaciones con miras a dinamizar los procesos productivos. El Corpes Orinoquia realizó una serie de estudios y reuniones de expertos con el fin de identificar la oferta estratégica de la región. Tomando esta base inicial y las perspectivas actuales, la oferta puede sinterizarse en:

En la geografía orinoquense se asienta una gama de etnias aborígenes y de grupos mestizos
venidos de diferentes lugares del país que permiten hablar de un sincretismo cultural dinámico. Las tendencias culturales contemporáneas reconocen la importancia de esta diversidad cultural para soportar las tensiones de la internacionalización de las economías y la globalización de la política.

La Orinoquia cubre aproximadamente el 38% del territorio nacional y cuenta con el 3.5% de la población colombiana, según proyecciones del Censo 93. En la zona del piedemonte que cubre desde la cota de 50 m.s.n.m. hasta las riberas del río Meta, hay un área que está en capacidad de sostener a grupos humanos mayores a los actuales.

La Orinoquia colombiana produce aproximadamente 67 mil metros cúbicos por segundo de escorrentía, lo que representa el 33.8% del agua total nacional. La región cuenta con un régimen de lluvias que garantiza en un largo período de tiempo de estabilidad en la oferta hídrica. Alrededor de este banco hídrico, de importancia estratégica, la Orinoquia debe construir una cultura regional. Se requiere del reconocimiento nacional e internacional de este recurso regional.

Las mayores reservas de petróleo y gas del país se encuentran en la Orinoquia colombiana. En el 2005 la Orinoquia produjo más del 80% del petróleo de Colombia. Los departamentos de Arauca, Casanare y Meta son los mayores productores de petróleo en el país. Esta realidad transitoria exige un tratamiento especial por parte del nivel central del Estado que garantice la reposición de los activos a la región.

Análisis preliminares de Ingeominas y de otros organismos de investigación internacional reconocen que la Orinoquia colombiana es un reservorio de minerales de gran interés para la industria y el comercio mundial. La Orinoquia requiere de instrumentos tecnológicos y técnicos modernos que permitan la extracción y uso de estos minerales sin destruir la oferta ambiental existente.

El Global Infrastructure Foundation, G.I.F. del Japón, reconoce que la geografía y topografía orinoquense presenta ventajas comparativas para convertirse en el futuro próximo en un corredor vial que permita la conexión y el transporte entre el Atlántico y el Pacífico. También el Pacific Economic Council, PEC, se encuentra promoviendo la integración de los países de la Cuenca del Pacífico y se advierten las promisorias perspectivas de áreas geográficas como la Orinoquia colombo-venezolana, para la producción de alimentos.

La Orinoquia colombiana cuenta con la más extensa frontera internacional del país. La internacionalización económica del país ha posibilitado la emergencia de ventajas competitivas para esta condición histórica. El río Orinoco y las condiciones culturales que comparten los dos países en la Orinoquia puede convertirse en una ventaja competitiva binacional para los próximos años.

La Orinoquia produce el 68% de la carne que consume Bogotá D.C. En producción agrícola la Orinoquia aporta en importante en arroz secano, aceite de palma, soya y yuca. Tiene excelentes perspectivas para la producción piscícola, producción de biocombustibles, agroforestería, especies silvícolas y el turismo en diferentes modalidades.

El inventario de especies de flora y fauna publicado por el Banco Mundial en 1991, señala que la Orinoquia cuenta con cerca del 40% del total nacional. Colombia, a su vez, señalan algunas instituciones e investigadores expertos, posee el 12% de la biodiversidad tropical mundial. Tiene la calificación como uno de los 8 ecosistemas estratégicos del planeta y tiene excelentes posibilidades en el desarrollo de proyectos de desarrollo limpio, en el marco del protocolo de Kyoto.

No obstante esta potencialidad, la región presenta una serie de problemas que requieren de especial consideración y desarrollo de investigación a todo nivel que ofrezca, para buscar soluciones que permitan materializar las opciones identificadas:

La Orinoquia es zona de conflicto armado y manifestación territorial de consecuencias del mismo, tales como el fenómeno de desplazamiento forzado, presencia de cultivos de uso ilícito, existencia de minas y violación de los derechos humanos.

Los indicadores sobre pobreza y calidad de vida por ubican por debajo de los promedios nacionales y a la par de regiones atrasadas como la costa pacífica y la Amazonia.

La región presenta la más alta tasa de crecimiento demográfico del país. Esto tiene especiales connotaciones en problemas habitacionales y de desarrollo urbano, principalmente en las capitales de los departamentos de la Orinoquia.

Bajo nivel en ciencia y tecnología. Baja cobertura en educación secundaria y superior. Existen un bajos niveles en capital humano y capital social.

Baja cobertura en salud para los regímenes contributivo y subsidiado (niveles mínimos en este último)

Ausencia de agua potable, inexistente tratamiento de aguas residuales y tratamiento rudimentario de residuos sólidos (basuras).

Baja capacidad empresarial. Deficiente visión empresarial (no hay industria, la productividad es baja así como la competitividad. No hay liderazgo empresarial y la articulación de la Universidad y es sector productivo tiene grandes dificultades)

Deficiente infraestructura de transportes (carreteras, aeropuertos, fluvial)

Deficiente infraestructura de energía, especialmente Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés. Sub-utlización del modo de transporte fluvial

Desconocimiento y bajo aprovechamiento de la biodiversidad.

Uso inadecuado y abusivo de los recursos naturales, generando procesos de erosión, deforestación, explotación y extinción de especies animales y vegetales.

Baja capacidad institucional político administrativa

Falta de coordinación operativa entre instituciones públicas

Políticas públicas que desconocen las particularidades regionales

Altos niveles de corrupción en el manejo administrativo y de los recursos públicos

Desconocimiento y sub-utilización de la frontera internacional y sus oportunidades

La representatividad política de los parlamentarios es insuficiente y de bajo perfil. No existe consenso sobre aspectos fundamentales del desarrollo regional. No hay esfuerzo por construir un proyecto político.

Desconocimiento e irrespeto de la diversidad de manifestaciones culturales autóctonas

Excesivo parroquianismo y apego a esquemas tradicionales que obstaculizan los cambios que la región necesita para articularse con las dinámicas nacionales y mundiales.

Con todos estos problemas, hay mucha convicción de que la Orinoquia se vislumbra con fuerza y como la esperanza de Colombia en el siglo XXI. Esta región hacia la cual se espera se desplace el eje del desarrollo del país, cuenta con un riquísimo inventario de recursos ambientales, económicos y culturales que con el petróleo y las inmensas sabanas naturales, aptas para la expansión de la frontera agrícola y el exitoso desarrollo de la agroindustria, constituyen un transecto biofísico y social cuyo desarrollo a cabalidad modificará substancialmente el conjunto económico nacional y determinará de manera destacada la expansión territorial del país. Esta afirmación es una muestra del potencial de la región, sin embargo, también demarca un desafío respecto a los cambios que ocurrirán en este transito hacia el futuro[2].

Al respecto de la caracterización regional, se han realizado diferentes ejercicios que buscan mediante la planificación orientar la acción de los gobiernos locales. La Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología marca la pauta en las necesidades de investigación regional, establece líneas de investigación y medidas tendientes a apropiar el conocimiento, la ciencia y la tecnología como insumo prioritario para el desarrollo regional. Igualmente los departamentos de la región han realizado agendas internas de productividad y competitividad para articularse a los mercados nacionales e internacionales, según el potencial y las posibilidades identificadas en análisis previos. Sin embargo existen dudas sobre la disponibilidad de recursos para la ejecución de los programas y proyectos estratégicos planteados, pues la inversión para cerrar la brecha de desarrollo que tiene la región respecto al resto del país es altamente costosa.

La Orinoquia colombiana ha sido vista desde los centros de poder en donde se ha construido el ordenamiento político y económico del país, como una frontera permanente, con potencial por desarrollar pero con enormes limitantes de índole económico, político e institucional. Los efectos que la incorporación del conjunto de estos recursos tiene y tendrá para el país, exceden el significado coyuntural de un ciclo exportador. Sin embargo, una región como realidad política supone no solamente la existencia de sus recursos o la explotación de los mismos, sino la comprensión de su papel dentro del planteamiento estratégico nacional y la configuración efectiva de un proyecto político encaminado a hacer real este papel[3]. En este propósito la

Universidad de los Llanos cumple un papel fundamental como actor que tiene la responsabilidad de dinamizar el conocimiento que soporta la estrategia de desarrollo construida desde los gobiernos locales y el compendio de voluntades contenida en una organización como Amazorinoquia[4]. Este importante reto le obliga plantearse internamente una serie de interrogantes sobre su capacidad y compromiso regional. La Universidad con todos sus limitantes no puede ser ajena a esta gran responsabilidad y debe diseñar y ejecutar los cambios internos que permitan cumplir con su papel en el escenario regional.

[1] Orinoquia Colombiana: Visión Monográfica. Corpes Orinoquia.1996.
[2] Alberto Montoya Puyana. Colombia Orinoco. Fondo FEN. 1998
[3] Dario Fajardo Montaña en Colombia Orinoco. Fundación FEN-Corpes Orinoquia.1998
[4] Es una organización conformada por los departamentos de la Orinoquia y la Amazonia Colombiana como estrategia para la regionalización y fortalecimiento político para la gestión de programas y proyectos de importancia regional.