La Educación Superior en Colombia

La Educación Superior en Colombia ha estado sujeta a los ciclos históricos que han enmarcado la política pública. Finalmente se ha llegado a un sofocante y arraigado marco regulatorio que ha obedecido a los diseños institucionales promovidos desde el Estado. El profesor Edgar Varela hace una reflexión sobre las políticas en Educación Superior en Colombia y como se han desarrollado como resultado de las tendencias internacionales que afectan las decisiones de gobierno:[1]

Un primer ciclo arranca en la República Liberal en los años 30 y culmina hacia finales de la década de los 70, corresponde a un intervencionismo de Estado en el proceso de provisión de los servicios educativos universitarios, con un fuerte énfasis en el fortalecimiento de las instituciones estatales universitarias, tanto regionales como del orden nacional. Un segundo ciclo arranca a finales de la década de los 70 y se consolida en los últimos dos decenios, liderando la liberalización del mercado de educación superior, propulsando una vertiginosa expansión de la matrícula universitaria privada, y la introducción de criterios de competitividad en la educación como un servicio público. Así, factores como la rentabilidad, la competencia regulada, la maximización de los recursos asignados, constituyen los ejes estructurantes de la política, de manera concomitante a procesos de liberalización, apertura y transformación de las funciones del aparato público-estatal, en relación con la provisión de los más importantes bienes públicos y sociales.

A partir de los años 50 hasta los 80 se desarrolla un proceso de expansión del servicio educativo nacional. La teoría de la modernización aplicada promovía alcanzar los niveles de desarrollo económico y social llevando inversiones del Estado en infraestructura, educación y a intervenir los procesos económicos a través de entidades oficiales que regulaban y estimulaban la productividad y la generación de valor agregado en todo el territorio nacional. Se realizaron cuantiosas inversiones gracias a los créditos externos soportados técnicamente según los conceptos de misiones foráneas, tal es el caso de la misión Lebrel entre los 50 y 60 y la misión dirigida por Lauchin Curie en 1971.

Las políticas públicas latinoamericanas contaron con el soporte conceptual de la CEPAL en su modelo de desarrollo mediante la sustitución de importaciones correspondiente con la “teoría de la dependencia”[2]. En los años 60 prevaleció el Estado intervencionista y asistencialista. Las entidades del Estado se multiplicaron, las inversiones públicas se dirigieron a mejorar las condiciones para el desarrollo de la industria y favorecer la modernización en todos los aspectos. Crecieron los sectores industriales ayudados por el Gobierno y se configuró el espacio colombiano, orientando los procesos industriales en el centro de las montañas, privilegiando el transporte terrestre, centralizando las actividades del país en las principales capitales, lo que facilitó las disparidades regionales y consolidación desigual del modelo.

Simultáneamente las regiones se especializaron como resultado de la política pública y de las posibilidades de establecimiento de actividades productivas. La actividad agrícola se da en función del conocimiento precario del productor y no en razón a una estrategia basada en la vocación de la tierra. Las pequeñas ciudades se hicieron grandes y tuvieron dificultades para asimilar los cambios de la modernización. Las coberturas en educación crecieron de manera rápida. Sin embargo, pese a las estrategias nacionales no llegan a las mismas velocidades y presentan dificultades de acceso en regiones apartadas.

A partir de la década de los 50 hasta los años 60 la matricula universitaria creció como resultado de la creación de nuevas Universidades y la descentralización de la Universidad Nacional en las sedes Medellín, Manizales y Palmira. Las tendencias de la modernización implicaron la transición de una sociedad rural a una urbana. En los años 70 se crearon las universidades regionales en la modalidad de “tecnológicas”, similares al modelo de educación politécnica de origen francés. El énfasis se daba en las ciencias de la salud, la educación y las ingenierías. Se exportaron currículos y se ofrecieron grandes estímulos para la preparación de profesores en maestrías y doctorados en EEUU. Estas inversiones se realizaron gracias a la entrada de grandes capitales y crédito externo, oportunidades enmarcadas en planes como la “Alianza para el progreso” en la búsqueda de acuerdos para la estabilidad y alineación geopolítica en la época de la “guerra fría”.
A comienzos de los años 70, el país vivió una serie de movimientos de carácter social que eran promovidos desde las universidades. Tanto en Colombia como en América Latina surgieron movimientos de izquierda y de extrema izquierda que pusieron en algunos casos, a las universidades en plena confrontación con los gobiernos de la época. Esto influyó en la disminución en el apoyo a la universidad pública y el alejamiento de las élites empresariales respecto a la universidad pública. El sector productivo nacional empezó a propugnar la creación de universidades privadas.

En la década de los 80 viene un cambio en la política pública colombiana como resultado de auge de las nuevas tesis liberales que promovían un papel menos importante al Estado como regulador y la preponderancia del libre mercado como generador de crecimiento económico con una participación más activa del sector privado. En este período, la matrícula privada empezó a crecer hasta igualar la matrícula en universidades públicas. Se creación incentivos para una mayor flexibilidad y crecimiento de la cobertura (decreto 8 de 1980). Finalmente, la Constitución de 1991 consagró la autonomía universitaria y reguló la competencia entre universidades públicas y privadas, aparecieron los conceptos de acreditación de calidad, competitividad y flexibilidad. Colombia adoptó un marco regulatorio que intentó modernizar el servicio educativo, hacerlo más eficiente y acorde con las tendencias mundiales. La crisis económica a finales de los años 90 perjudicó la inversión en Educación Superior, no obstante el país siguió creciendo en cobertura. Como fuente de financiación adquirió importancia el crédito educativo como instrumento para aumentar el número de cupos, sin que resulte suficiente frente al déficit existente.

La reforma en Colombia estableció un nuevo rol del Estado en la fiscalización y control de la educación superior, que ha continuado reforzando el rol regulador del Estado y que derivó en la creación del Viceministerio de Educación Superior. La política general fue establecer políticas de calidad que se han traducido tanto en la creación de estándares básicos obligatorios, como en el establecimiento de exámenes de Estado, el desarrollo de un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el establecimiento de la creditización de los currículos; y la creación de un sistema de indicadores de gestión de las universidades públicas, estableciendo criterios de distribución de una parte de los recursos para las Universidades privadas. Se ha continuado la expansión del sector privado y una orientación del sector público terciario hacia su estructuración como centros de investigación y de postgrados de alta calidad[3].

La política “Revolución Educativa” del gobierno Uribe desarrolló tres estrategias básicas: La primera estrategia privilegia el aumento de cobertura mediante la creación de los Centros Comunitarios de Educación Superior, en los cuales se hace énfasis en educación a distancia, presencia en zonas alejadas del territorio nacionales con la utilización de nuevas tecnologías y el fortalecimiento del crédito mediante el ICETEX. La segunda estrategia se basó en el mejoramiento de la calidad con la reglamentación y aplicación de los procesos de acreditación, la autoevaluación y la realización de evaluación de resultados mediante los ECAES. Este proceso adopta las tendencias mundiales en cuanto a la educación por competencias, el acortamiento del ciclo educativo, las equivalencias en créditos, el diseño de sistemas de indicadores para evaluación del desempeño según las metas propuestas. La tercera estrategia busca la mayor eficiencia y pertinencia del sector, con la implementación del observatorio laboral y la implementación de políticas para la disminución de la deserción. En cuanto a la financiación de la Educación Superior, existe la tendencia a optimizar los recursos transferidos a las universidades públicas sin aumentarlos en términos constantes. El esquema busca organizar y optimizar el sistema educativo orientando la demanda, con el aumento del crédito educativo y la disminución de los costos mediante la reorganización de recursos físicos, técnicos y humanos.
Estas políticas han significado un reto para las universidades públicas, que han tenido que hacer un esfuerzo para buscar nuevos recursos, aumentar la cobertura y mantener los estándares de calidad requeridos. El ajuste de las universidades públicas con las nuevas tendencias mundiales requiere de nuevos recursos, especialmente en la importancia de la ciencia y tecnología en los procesos para el aumento de la productividad y competitividad del sector empresarial. La responsabilidad social en el acceso a la educación de los sectores de población de bajos recursos es una determinante institucional para la universidad pública, así como su papel como ente garante ético de la cultura autóctona y las conquistas sociales de la humanidad. La Universidad es un ente llamado al pensamiento crítico y constructivo, al análisis profundo de la situación del país, a ser artífice y partícipe de las soluciones a los problemas regionales y nacionales

Aun cuando la oferta de programas de educación superior cubre en la actualidad los 32 departamentos del país, persisten los casos de concentración de la matrícula: mientras en Bogotá la cobertura supera tasas brutas del 50%, en otras diez entidades territoriales no pasa del 10% del total de la población en edad de cursar estos estudios. El 74.1% de los estudiantes matriculados en los diferentes programas académicos de pregrado y postgrado en el país se concentra en cinco entidades territoriales: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. El mayor número de estudiantes matriculados entre el 2001 y el 2005 lo registra la capital del país, que agrupa más del 33% de la matrícula nacional[4].

El comercio internacional de servicios de enseñanza ha experimentado un auge significativo. Según cifras del Ministerio de Educación, en 2002 estos servicios representaron en el ámbito mundial 38 billones de dólares y emplearon 50 millones de personas, calculándose que para el 2025, se contará con 263 millones de estudiantes de educación superior. Las prioridades del país respecto al Tratado de Libre Comercio con EEUU están encaminadas hacia los siguientes temas: aseguramiento de calidad, educación virtual y a distancia, homologación de estudios y convalidación de títulos, régimen de visas y promoción de exportación de servicios educativos. Según el gobierno, deberá fortalecerse a los programas de pregrado y postgrado a través de la regulación, con el fin de hacer frente a la competencia que en materia de educación tendrá que enfrentar el país. Lo que resulta claro es que para integrarse al curso de la revolución del conocimiento, Colombia necesita institucionalizar la investigación como práctica social, promover tanto la formación técnica y tecnológica como la formación de maestrías y doctorados para afrontar los desafíos que involucran el panorama económico mundial y los acuerdos de libre comercio.

Según Colfuturo, dentro del tema de la educación superior, el TLC plantea un intercambio en el sector de las instituciones académicas, que permite a las universidades y otras instituciones de Estados Unidos entrar al sistema de educación colombiana, permitiéndoseles establecer sedes presenciales en el país, así como ofrecer programas a distancia, virtuales e intercambios de estudiantes. Suena como una gran oportunidad para el desarrollo de los profesionales colombianos, en áreas que antes no podían ser desarrolladas por los bajos presupuestos de la educación estatal o los apretados presupuestos de los organismos privados, sin embargo, hay que detenerse en ciertos puntos que pueden marcar una diferencia. Un asunto en discusión es el hecho de que el tratado no contempla temas migratorios, por lo que las oportunidades de estudios en el exterior seguirán permeadas por la difícil consecución de visas para los Estados Unidos y las deficiencias en el dominio de una segunda lengua. Hay quienes piensan que la presión de la competencia extranjera estimularía el mejoramiento de la academia nacional y terminaría con el problema de las universidades de garaje. Así mismo, los opositores piensan que un modelo neoliberalizado para la educación en Colombia desmontaría la autonomía académica y la libertad de cátedra, además de orientar los contenidos temáticos de las universidades hacia necesidades no de orden nacional sino extranjero; por el contrario, quienes ven en el tratado una oportunidad de integración global importante piensan que el ingreso de conocimientos de primer nivel haría de los graduados colombianos profesionales con competitividad a nivel internacional y también fomentaría la investigación en campos aún no desarrollados en el país.

[1] Varela Barrios, Edgar. Modernización del Estado y políticas públicas Universitarias en Colombia. Universidad del Valle.2003.

[2] Se llama “teoría de la dependencia” a un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico. Sugirieron e los años sesenta impulsadas por el economista argentino Raúl Prebish. Inicialmente se dirigieron al entorno latinoamericano aunque posteriormente fueron generalizadas por economistas neo-marxistas entre los que destacó Samir Amin, asociándolo al concepto de desarrollo desigual y combinado.
[3] IESALC-UNESCO. Informe de la Educación Superior de América Latina y el Caribe.2005.
[4] Observatorio Laboral. Graduados de Colombia. Ministerio de Educación Nacional.2005.