Los cultivos ilícitos y la explotación petrolera

A finales de siglo aparecen otros factores que desencadenan nuevas olas migratorias, cambios demográficos y modificaciones serias en las estructuras sociales. La producción petrolera en Arauca, Casanare y Meta; y la instauración de los cultivos ilícitos en las zonas rurales de los Llanos orientales. Estas causas, unidas al floreciente conflicto armado de la época marcaron importantes dinámicas sociales, económicas, políticas y ambientales. El fenómeno de los ilícitos empieza a consolidarse en Colombia en la década del 70, al incrementarse el consumo de marihuana en Estados Unidos y Europa, y al registrarse aspectos como la represión contra la producción y el tráfico en México en 1975, los cuales se consolidan como los principales factores externos que impulsaron la consolidación de la producción en Colombia. Conjuntamente con algunos factores internos como su localización geográfica, las características agroecológicas y la debilidad del sistema de administración de justicia[1]. Se establecieron nuevos circuitos económicos que conectaban la economía ilegal con la economía legal. Ante altas tasas de ganancia los campesinos optaron por involucrarse en el cultivo ilícito de la marihuana y la coca. El cultivo de coca se intensificó en el Caquetá y se trasladó rápidamente al Guaviare, luego al Meta y al Vichada. Los gobiernos fueron permisivos en las etapas iniciales del fenómeno, pero la represión progresiva de los grupos criminales asociados al narcotráfico, luego que en los años 80 llegaron a permear las estructuras políticas y económicas del Estado, modificó la vida holgada en aquellos pueblos que se habían convertido en emporios de muerte, lujuria y despilfarro. Vinieron ciclos represivos y permisivos que se afectaban de manera directa los precios de la base de coca. Así la población se adaptó a estas condiciones, intercambiando la actividad ilegal con el mantenimiento de los cultivos de pancoger y la inversión de capital en actividades lícitas, lo que le ofrecía una salida rápida en épocas de vacas flacas. Las políticas para el control del narcotráfico fueron enfocadas a intervenir la producción y las estructuras militares de la mafia. Para atacar la producción se promueve la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, sin embargo la racionalidad económica y las implicaciones internacionales hacen que el problema deba ser tratado de manera diferente. La fumigación, el control de insumos, la criminalización de la población asociada a la producción produce más problemas que resultados respecto a la terminación de los cultivos[2].

No entender la importancia de los precios en una economía de mercado, es desconocer la realidad y sobre todo la racionalidad de la economía. Las mayores dificultades para la sustitución de cultivos radican en la brecha de precios entre productos lícitos y drogas ilícitas, pero también en la falta de acceso de los campesinos e indígenas a crédito, tecnología y mercados oportunos para sus productos tradicionales, y a los problemas asociados al acceso a la tierra por parte de los pequeños agricultores. De otra parte, mientras que la demanda sea creciente siempre va a presionar elevaciones del precio y un mayor estímulo para iniciar cultivos en zonas apartadas del país. Simplemente los cultivos se trasladan de zona en zona desarrollando estrategias contra cada forma de control. A juicio de expertos críticos de la política antidrogas, el control a las drogas debe nacer de una estrategia internacional que enfatice principalmente en el consumo[3] y en la interdicción de los cargamentos con la aplicación de alta tecnología y que promueva la activación económica con alternativas productivas en las zonas deprimidas por el problema. Este enfoque difiere de la estrategia andina ATPDEA que fue principalmente aprovechada por las regiones no afectadas de Colombia. La estrategia integral debe favorecer el mejoramiento de las condiciones del territorio afectado, desarrollar alternativas competitivas, favorecer el capital social, atender el problema de la tenencia de la tierra y promover el mejoramiento del capital humano para aprovechar de manera sostenible los recursos del territorio

El comienzo de la explotación petrolera en Arauca y luego la operación de los yacimientos petroleros de Cusiana y Cupiagua en los años 80 y 90, convirtieron en muy poco tiempo el piedemonte llanero, que era una zona marginada y agrícola, en la principal zona de producción petrolera en Colombia[4]. El auge petrolero generó una complejización de los flujos migratorios, lo cual tuvo un impacto fuerte sobre el volumen y la composición de la población urbana, evolución del espacio urbano y el deterioro de las condiciones habitacionales de los diferentes segmentos de la población de las ciudades del Llano.[5] De ser zonas ganaderas y agropecuarias 25 años atrás, Arauca y Casanare a partir del boom petrolero son zonas de conflicto social y armado. Las regalías petroleras en los departamentos del piedemonte llanero han permitido realizar grandes obras. Se construyeron vías secundarias, proyectos de electrificación, se dinamizó la economía agropecuaria, pero también se cometieron despilfarros y hechos de corrupción, que fueron ampliamente publicitados en los medios nacionales.
Algunos sectores tecnócratas opinan que las regalías deben centralizarse y destinarse a obras de carácter nacional o a sectores estratégicos como la educación, sin embargo, estos recursos son la única esperanza de algunos municipios para lograr mitigar las efectos nocivos que causa la explotación petrolera y en realidad solo corresponden una ínfima parte de los recursos totales que recibe la nación y las multinaciones por la extracción de petróleo. La inversión de regalías debe ser dirigida según de la dinámica propia de cada departamento. Incluir procesos de participación en la programación de estas inversiones facilitaría un mayor control social y su destinación a los sectores verdaderamente prioritarios para cada departamento.


[1] Comisión Interaméricana para el control del abuso de las drogas. 2004.
[2] Círculos intelectuales y políticos de EEUU empiezan a cuestionar las políticas antidrogas norteamericana orientada principalmente a afectar la oferta, ante la ineficacia de las estrategias desarrolladas manifestada en la permanencia o aumento del área sembrada en Colombia.
[3] La despenalización del consumo aparece como una alternativa,
[4] Entre enero y agosto de 1996, llegaron más de 6.000 personas a Yopal, 1.800 a Aguazul y 2.300 a Tauramena. Encuesta Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM. 1996
[5] Dureau F. & Gouëset El proceso migratorio y sus consecuencias sobre el poblamiento de las ciudades petroleras. Scripta Nova, Universidad de Barcelona, Nº 94 , Agosto de 2001.